El debate sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo año se ha intensificado, desvelando una posible “trampa” fiscal que podría afectar a sus perceptores. Durante el programa La Linterna de COPE, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha analizado en su clase de economía junto a Ángel Expósito las consecuencias de las propuestas que están sobre la mesa, un debate que ya ha generado alertas sobre los efectos adversos de la subida del SMI, en un contexto de creciente presión fiscal y otras polémicas decisiones económicas del Gobierno.

La principal controversia radica en la propuesta de los sindicatos de subir el SMI un 7,5%, una cifra cercana a la que baraja el Ministerio de Trabajo. Según ha explicado García de la Granja, si el salario supera el umbral del 60% del salario medio, sus beneficiarios perderán la exención del IRPF. "Si se sube el salario mínimo por encima de esa media, el 60 por ciento de estos trabajadores tendrán que pagar el IRPF, es decir, tendrían que cotizar 1.000 euros al año, se quedarían en 15.824 euros al año", ha advertido la experta.

Por su parte, la patronal CEOE y CEPYME han propuesto una subida más moderada del 1,5%, argumentando que el objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio "ya se ha alcanzado". Esta propuesta fijaría el salario en 16.824 euros en 14 pagas, a lo que se sumarían casi 6.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social, un coste anual que la experta ha cifrado en 22.622 euros y que preocupa especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99% del tejido empresarial español.

Esta situación con el SMI se enmarca en un contexto de aumento generalizado de la presión fiscal en España, que según datos de la OCDE, ha crecido el doble que la media de los países desarrollados en los últimos 14 años. Como se ha detallado en 'La Linterna', los cambios en las cotizaciones a partir del 1 de enero supondrán que por el mismo salario el trabajador recibirá menos dinero. García de la Granja ha señalado la paradoja de que los españoles pagan "mucho más impuestos que la media de todos los países de la OCD, aunque nuestros salarios, en muchos casos, son menores".

La gestión económica del Gobierno también ha sido cuestionada por la renuncia a 60.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo atribuye a la "buena marcha de la economía", García de la Granja lo ha calificado de "escándalo mayúsculo" e "insólito", preguntándose cómo es posible renunciar a unos créditos blandos destinados a transformar el país.

A esto se suma un endurecimiento del control fiscal por parte de la Agencia Tributaria. A partir del 1 de enero, los bancos informarán de cualquier movimiento sospechoso sin límite de cantidad. Para Carlos Romero, de la asociación de asesores fiscales, con estas medidas "nos quieren someter a un control extenuante", mientras que los autónomos, como la artesana Macarena, lo perciben como un "acoso y derribo contra el autónomo".

Otra medida controvertida es la aprobación del proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, que asciende a 83.000 millones de euros. Lejos de ser un perdón, la experta económica ha afirmado que se trata de una mutualización: "Todos vamos a pagar más, aquellos que han votado a políticos sensatos [...] van a tener que pagar la fiesta de aquellos que han votado a gente que se lo han gastado, no se sabe muy bien en qué".

Finalmente, el Gobierno ha aprobado una ayuda para propietarios con inquilinos morosos que ha sido calificada como insuficiente. La medida, una especie de seguro, solo se aplica a contratos con inquilinos vulnerables o menores de 35 años y bajo estrictas condiciones. Pilar García de la Granja ha criticado la lógica de la medida: "Vamos a utilizar el dinero de los impuestos de todos los españoles para que yo siga viviendo en tu piso".